La ministra María Jesús Montero insiste en intentar aprobar el Presupuesto tras los comicios
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que está estudiando cómo actualizar mediante un decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades para que puedan recibir en torno a unos 6.900 millones más de recursos durante este año. «Estamos explorando cómo hacerlo sin Presupuestos», ha dicho la ministra durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
Las autonomías ya contaban con recibir poco más de 102.000 millones de euros durante 2019 (incluidas la previsión de liquidación de 2017) por el sistema de financiación, según les adelantó la propia ministra a los consejeros de Hacienda el pasado verano. Pero como la economía está yendo mejor de lo estimado inicialmente esa cifra se actualizará con otros cerca de 6.900 millones adicionales, unos 2.000 millones menos de lo que figuraba en los Presupuestos. «Hasta ahora sólo se ha hecho algo similar una vez, en 1996», ha recordado. «Así que es juridicamente viable», remarcó.
Montero ha explicado que aunque las comunidades no podrán beneficiarse de todos los recursos adicionales que aportarían las medida fiscales como la subida del IRPF y la regularización del IVA por el sistema inmediato de información (SII), —un mecanismo digital para liquidar el IVA en tiempo real— pero si hay que actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación para «ajustar los recursos a la mejora del ciclo económico». Así que la actualización será ligeramente inferior a los 9.000 millones reflejados en los Presupuestos. La cuantía final quedará en torno a unos 6.900 millones aproximadamente.
Montero ha reconocido que adoptará la decisión en un decreto que se aprobará antes del 28 de abril, fecha prevista para celebrar las elecciones generales. «Siempre he defendido que no hay una jerarquía presupuestaria del Estado respecto a las comunidades autónomas», ha abundado la ministra para argumentar que el sistema de financiación debe repartirse con independencia del ciclo presupuestario del Estado central. Es decir, que el hecho de que el Gobierno no logre aprobar sus Presupuestos Generales del Estado no debe afectar al reparto de recursos de las autonomías.
Un sistema complejo, opaco y poco eficiente
El sistema de financiación de las comunidades autónomas es complejo, poco transparente y, en ocasiones, su aplicación es poco eficaz. El reparto se hace de la siguiente manera. A mediados de cada año, sobre el mes de julio, el Gobierno comunica a las comunidades las cantidades que recibirán el próximo a cuenta del sistema de financiación. Se trata de una aproximación para que las administraciones regionales puedan comenzar a elaborar sus Presupuestos con una previsión de ingresos. Meses más tarde, entorno a la primavera del año siguiente, el Ejecutivo central con una previsión más real de los recursos (ya ha empezado el ejercicio y ve como marcha la economía) actualiza las entregas a cuenta. Esto es precisamente lo que Montero quiere hacer ahora para que las comunidades dispongan de unos 9.000 millones adicionales.
Pero el reparto no termina aquí. Dos años más tarde, cuando se cierra definitivamente el sistema de financiación —la intervención ya ha revisado y dado por buenos los ingresos obtenidos— se cuadra el sistema. Si el Estado ha entregado menos recursos de los que debería hace un pago adicional a las comunidades (esto ocurre cuando la economía crece) y, al revés, si ha entregado más recursos de los que les correspondía a las comunidades les exige la devolución (suele suceder en épocas de recesión). Esto último fue lo que ocurrió en 2008, 2009 y 2010. Cuando las autonomías tuvieron que devolver miles de millones de euros al Estado. Para no descuadrar las cuentas regionales, el Gobierno del PP les permitió hacer estas devoluciones en cómodos plazos.
Sin olvidar los Presupuestos
La ministra, no obstante, ha dejado la puerta abierta a intentar volver a aprobar los Presupuestos del Estado después de las elecciones, si el PSOE logra formar gobierno. «No renunciamos a que los Presupuestos puedan ver la luz después de las elecciones», ha insistido. Fuentes de su departamento explican que está por ver si serán las mismas cuentas para 2019 o ya empezarán a trabajar en los de 2020. «Hay interés por parte del Gobierno de aprobar un paquete de medidas de recuperación de derechos laborales y retributivos que se están negociando en la mesa de diálogo social, y también algunas medidas de derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero todo está todavía en discusión», ha repetido a la prensa tras finalizar el acto.
No obstante, Montero ha avisado que «todos los consejos de ministros hasta las elecciones van a estar cargados de medidas». A continuación ha añadido: «Queremos aprobar aquellas situaciones más urgentes que afectan de una forma más importante a los ciudadanos, queremos abordarlos antes del final de la legislatura».
Para ello, el gobierno prevé aprobar un decreto con un paquete de medidas sociales, una convocatoria de empleo público y otro decreto para reformar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
Renuncia a ajustar el déficit en 2019
Preguntada sobre si las nuevas medidas sociales que el Ejecutivo de Sánchez pretende aprobar justo antes de las elecciones impedirán ajustar el déficit, Montero ha manifestado que muchas de las medidas sociales que se están presentando o se están anunciando se con algunas de las medidas aprobadas a final de año sobre la Seguridad Social, como el alza del salario mínimo hasta los 900 euros y el incremento de las bases máximas de cotización. «Los ingresos fiscales no se pueden regular mediante decretos leyes», ha justificado la ministra. «Las medidas de fiscalidad están prohibidas por esta vía», ha repetido.
En cualquier caso, la ministra ha reconocido que el hecho de que no haya podido aprobar los Presupuestos de 2019 con los aumentos de ingresos tributarios (recogían subidas fiscales por 6.500 millones) llevará el déficit público de 2019 a un nivel de entre el 2,2% y el 2,4% del PIB, frente al objetivo marcado por Bruselas del 1,3%. Sería la mayor desviación desde el principio de la crisis financiera en 2009. Y eso que las previsiones de la ministra son optimistas porque si la ralentización económica se intensifica, como dicen algunos expertos, el panorama podría resultar aún peor. Bruselas está pendiente de esta situación para lanzar una seria advertencia si la situación de las cuentas públicas se deteriora más.